El Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo con los Estados miembros de la UE sobre el texto final de la Directiva «Ómnibus I» sobre la simplificación de la información de sostenibilidad y las normas de diligencia debida para las empresas.
Los nuevos umbrales dejan fuera del reporting y diligencia debida a la gran mayoría de compañías inicialmente previstas bajo CSRD y CSDDD. En lugar de empresas a partir de 50 millones de facturación como planteó la Comisión, el nuevo mínimo queda en 450 millones y más de 1.000 empleados. Según la presidencia del Consejo, esta modificación exime a más del 85% de las empresas inicialmente incluidas. Esto supone un giro reglamentario orientado a reducir costes administrativos y frenar la expansión del marco ESG obligatorio.
La obligación de informar ya no será generalizada sino restringida a grandes corporaciones. Tres cambios clave:
El reporte deberá ser más cuantitativo, lo que reduce la interpretación narrativa y acota la información exigible.
Los estándares sectoriales dejan de ser obligatorios y pasan a ser voluntarios.
Las empresas por debajo del umbral pueden negar compartir información adicional, evitando que grandes grupos les trasladen cargas documentales.
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Además, la Comisión creará un portal digital con plantillas y guías, lo que facilitará la estandarización documental y previsiblemente reducirá divergencias entre interpretaciones nacionales.
Solo quedarán obligadas las empresas con más de 5.000 empleados y facturación superior a 1.5 mil millones. La eliminación de los planes de transición climática obligatorios implica que la compatibilidad con el Acuerdo de París no será exigida mediante hoja de ruta empresarial. La responsabilidad y sanciones se desplazan al ámbito nacional, con multas potenciales de hasta el 3% del volumen de negocio mundial.
El pacto llega tras meses de presión empresarial y negociaciones prolongadas. Algunos parlamentarios celebran el resultado como reducción histórica de costes para empresas y una victoria para la competitividad, mientras otros lo interpretan como una debilitación del Pacto Verde europeo, especialmente por la eliminación de los planes de transición climática.
El marco ESG se concentra en actores de gran tamaño; la gran empresa seguirá reportando, pero con menor complejidad sectorial.
Las pymes quedan en una posición más flexible, con menos carga documental y menos trazabilidad exigible.
La cadena de suministro puede experimentar menos presión hacia el proveedor pequeño, dado que este podrá legalmente rechazar solicitudes adicionales.
Al no existir obligación de transición climática, puede haber menor alineación estructural con objetivos climáticos en sectores intensivos en carbono.
PARLAMENTO EUROPEO. Comunicado de prensa (9 diciembre 2025)