El problema de la vivienda en el Reino Unido viene de largo y se concentra mayoritariamente en las grandes ciudades del país, como Birmingham, Manchester, Glasgow, Edinburgh y muchos distritos de Londres. 

Entre las medidas anunciadas, destacan las siguientes: 

• Priorizar la liberalización de terrenos, dando prioridad a las zonas industriales abandonadas y terrenos baldíos situados en el cinturón verde de las grandes áreas metropolitanas (que se llamará “cinturón gris”).  

• Cualquier desarrollo en el cinturón gris deberá incluir un 50% de alojamiento asequible.
• Introducir obligaciones que obliguen a los promotores inmobiliarios a dedicar un mínimo del 30% de las nuevas viviendas a viviendas asequibles. 

• Los sistemas automatizados, incluidos los aparatos de calefacción, los sistemas modernos de aislamiento y las fuentes de energía renovable, se considerarán componentes cruciales. 

• Reducir los obstáculos burocráticos que actualmente retrasan la aprobación de los proyectos de infraestructura. 
• Facilitar la obtención de permisos de planificación, incluyendo obligar a las autoridades locales a cumplir con los objetivos de vivienda. 

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La propuesta del Partido Laborista ha sido respaldada por los mayores constructores del país, pero no es significativamente diferente a lo que el anterior Gobierno conservador intentó implementar, sin mucho éxito. La reforma de la vivienda es compleja y el margen de maniobra del Gobierno es limitado, ya que se trata de una cuestión de ámbito local y sus intereses deben tenerse en cuenta. 

También existen dudas respecto a la reutilización de los terrenos industriales abandonados, donde los costos de rehabilitación y las características de estos terrenos los hacen, a la práctica, inviables para la reurbanización. 

Por su parte, la Federación de Constructores de Viviendas (HBF) ha publicado un manifiesto que describe cómo el nuevo Gobierno puede abordar la crisis de vivienda del país.