A partir del 10 de abril de 2026, la UE comenzará a aplicar de forma estricta su sistema de control fronterizo digital. Este cambio puede impactar directamente en las cadenas logísticas de las empresas, en sus equipos de instalación y posventa, y en sus plazos de entrega.
La regla de los 90 días en cualquier período de 180 días ya existía para los ciudadanos de países no pertenecientes al espacio Schengen. Sin embargo, hasta ahora se aplicaba de forma laxa, mediante sellado manual de pasaportes.
El sistema de control fronterizo digital, conocido como Entry/Exit System (EES) digitalizará y automatizará ese control, registrando cada entrada y salida de ciudadanos no comunitarios en los 29 países que forman el espacio Schengen.
Esto significa que cualquier persona con nacionalidad de un país tercero, ya sea británico, turco o de cualquier otro país fuera del espacio Schengen, que trabaje con frecuencia en Europa puede agotar su cupo de días en pocas semanas. Una vez superado el límite, no podrá entrar legalmente en ningún país Schengen hasta que su contador se resetee, lo que en la práctica puede suponer meses de espera.
El problema no es solo de los transportistas o de sus países de origen. Si se trabaja con distribuidores, operadores logísticos, instaladores o técnicos de servicio que tienen nacionalidad de un país no-Schengen y operan regularmente en Europa, su capacidad operativa puede verse seriamente reducida de un día para otro.
Para los fabricantes de bienes de equipo, donde el servicio posventa, la instalación y la asistencia técnica son parte fundamental del valor ofrecido al cliente, cualquier fricción en la movilidad de personas puede tener consecuencias directas en la satisfacción del cliente y en la competitividad.
El impacto puede llegar desde flancos inesperados: un técnico turco especializado, un transportista británico de confianza o un instalador marroquí que lleva años dando servicio en España pueden verse de repente con sus días agotados y sin posibilidad de operar.
La Comisión Europea ha reconocido que ciertos profesionales que dependen de la movilidad entre estados miembros, como los conductores de camión al servicio de empresas europeas, pueden necesitar un tratamiento diferenciado. Sin embargo, por el momento no hay ninguna solución concreta sobre la mesa, y cualquier vía a través del sistema de visados implicaría costes adicionales y gestión burocrática.