El principio PEE establece que, antes de invertir en nueva capacidad de producción o distribución de energía, los Estados miembros y a los grandes decisores de inversión deben evaluar si una solución de eficiencia energética puede ser igual de efectiva y más rentable.

El principio se aplica a decisiones de planificación, política e inversión que superen los 100 millones de euros (o 175 millones en infraestructuras de transporte) y que afecten al consumo o suministro de energía. Afecta tanto al sector público como al privado, y a sectores tan diversos como la energía, la construcción, el transporte, el agua, las TIC, la agricultura y las finanzas.

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El concepto clave: los «beneficios añadidos»

Uno de los elementos más relevantes de esta Recomendación es que obliga a ir más allá del simple ahorro energético a la hora de evaluar una inversión. Los análisis deben incorporar los llamados beneficios añadidos, que son todos aquellos impactos positivos que genera la eficiencia energética más allá de la reducción de la factura energética. Se clasifican en tres categorías:

• Beneficios sociales: mejora de la salud pública, confort térmico, reducción de la pobreza energética, incremento del valor inmobiliario, mejora de la productividad laboral.
• Beneficios medioambientales: reducción de emisiones de GEI, mejora de la calidad del aire, menor uso del agua y de recursos naturales, reducción de residuos.
• Beneficios económicos: seguridad del suministro energético, creación de empleo, aumento del PIB, mejora de la competitividad e innovación, incremento de la renta disponible.

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¿Qué implica esto para los proveedores industriales?

Esta Recomendación tiene implicaciones prácticas para las empresas:

• Refuerza demanda de equipos eficientes. Las administraciones públicas, las empresas energéticas y los grandes operadores industriales de toda la UE van a estar cada vez más obligados a justificar sus inversiones bajo este prisma. Eso implica que los equipos con mejores prestaciones energéticas tendrán una ventaja competitiva creciente en los procesos de compra y licitación.
• Afecta a la estrategia de comercialización. El argumento de venta ya no puede limitarse al precio o a la capacidad productiva: el comprador europeo querrá saber cuál es el consumo energético del equipo a lo largo de su vida útil, qué ahorro genera frente a la alternativa, y qué beneficios indirectos aporta. Las empresas que sepan cuantificar y comunicar estos argumentos tendrán una posición más sólida.