El Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y por el que se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión establece el marco institucional y operativo para canalizar este tipo de iniciativas. En concreto, articula la creación de este órgano de coordinación y detalla el proceso de evaluación y reconocimiento de los proyectos, con el objetivo de facilitar su tramitación y reforzar su impacto sobre el tejido productivo.

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Tipo de proyectos

Para que la iniciativa de una empresa pueda ser considerada un Proyecto Estratégico de Inversión (PEI), debe cumplir con una serie de características fundamentales definidas en la normativa:

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Naturaleza y ubicación

La iniciativa debe consistir en proyectos de inversión o reinversión en territorio español. Estos proyectos pueden tener dos formas jurídicas:

• Iniciativas de naturaleza estrictamente empresarial.
• Iniciativas de colaboración público-privada.

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Objetivo central

El propósito principal de la inversión debe ser la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país. No se trata de inversiones de mantenimiento, sino de aquellas con una vocación transformadora que modernicen el tejido productivo.

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Interés general

Para que sea declarada estratégica, en la iniciativa deben concurrir razones de interés público, social y económico que beneficien al conjunto del país. Esto implica que el proyecto debe aportar un «retorno» que vaya más allá del beneficio privado de la empresa, contribuyendo a aspectos como:

• La seguridad económica y la autonomía estratégica nacional.
• La transición ecológica y la descarbonización de la economía.
• La transformación digital, especialmente orientada a las pymes.

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Áreas de actividad preferentes

Aunque la norma permite evaluar diversos proyectos, se priorizan las iniciativas en sectores con alta capacidad de resiliencia, tales como:

• Semiconductores y digitalización.
• Hidrógeno renovable y transición energética.
• Salud, biotecnología y agroalimentación.
• Materias primas críticas y sector aeroespacial.
• Centros de procesamiento de datos.

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Quedan expresamente excluidas las adquisiciones de acciones o participaciones sociales, así como las ampliaciones o reducciones de capital y modificaciones estructurales de sociedades.

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Criterios para calificar una inversión como estratégica

La normativa distingue entre criterios de valoración inicial y de detalle:

1. Criterios de valoración previa (fase inicial):

El Comité de Inversiones Estratégicas evalúa la solicitud en un plazo de un mes. En esta fase se analizan los requisitos mínimos, la solvencia financiera y el encaje estratégico del proyecto para ofrecer una orientación temprana al promotor sobre su viabilidad.

La empresa debe demostrar que el proyecto tiene una escala suficiente y encaja en las prioridades del país. Los criterios prioritarios son:

• Volumen de inversión: Debe ser relevante a escala nacional o, al menos, tener un impacto muy significativo en la economía del territorio específico donde se instale.
• Empleo cualificado: Se exige la creación de un volumen relevante de puestos de trabajo de alta cualificación.
• Sectores preferentes: Aunque la lista no es cerrada, se priorizan proyectos en transición energética, semiconductores, descarbonización, salud, biotecnología, agroalimentación, sector aeroespacial, materias primas críticas y centros de procesamiento de datos.
• Madurez inicial: El Comité valorará que el proyecto no sea una mera idea, sino que presente un grado de madurez suficiente para ser ejecutable.

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2. Criterios para la declaración definitiva (fase de detalle):

Se realiza un análisis pormenorizado de los efectos socioeconómicos y el alineamiento con las políticas sectoriales. El Comité eleva una propuesta de resolución a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que es el órgano encargado de dictar la resolución final y otorgar la declaración definitiva. Esta declaración puede incluir medidas de apoyo específicas y compromisos u obligaciones que el promotor deberá cumplir.

La empresa debe detallar cómo su inversión aporta valor al país a través de:

• Plan de Negocio sólido: Se evalúa la escalabilidad, el potencial de mercado y el grado de ejecución ya alcanzado.
• Sostenibilidad y Descarbonización: La empresa debe aportar indicadores como la huella de carbono o parámetros de eficiencia energética.
• Esfuerzo en Innovación: Se mide a través del gasto previsto en I+D, convenios con centros de investigación o la participación en programas de formación profesional.
• Impacto en la Cadena de Valor: Se valora si el proyecto ayuda a crear o mantener un ecosistema económico o científico-tecnológico en su entorno.
• Cohesión e Igualdad: El impacto en la igualdad de género, la inclusión social y la formación/recualificación de los trabajadores son puntos clave de evaluación.

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¿Cómo encajan los sectores de manufactura tradicional?

Aunque los sectores de manufactura tradicional no aparecen en la lista de sectores prioritarios de la norma, esto no los excluye. La clave está en otra pregunta: ¿se beneficia alguno de esos sectores prioritarios del producto o la tecnología que fabricamos?

Si la respuesta es sí, el argumento es sólido. No se trata de forzar un encaje sectorial, sino de reconocer que, sin maquinaria de proceso, sin equipamiento industrial avanzado, sin los sistemas que automatizan o electrifican la producción, muchos de esos sectores no pueden escalar, descarbonizarse ni digitalizarse. La contribución a su cadena de valor es real y demostrable.

El reto, por tanto, no es de elegibilidad sino de relato: ¿puedes identificar y cuantificar el impacto de tu inversión en esa cadena de valor? Si es así, merece la pena explorar la solicitud. La fase previa tiene un plazo de resolución de un mes y una carga administrativa relativamente baja, lo que permite hacer esa prueba a bajo coste.